Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández han marcado la política de Argentina desde hace muchos años. Cristina, viuda de Néstor Kirchner, fue presidenta entre 2007 y 2015, un período caracterizado por una economía inestable, acusaciones de corrupción y críticas por autoritarismo. Tras la muerte de Néstor en 2010, Cristina continuó liderando el movimiento. Alberto Fernández, jefe de Gabinete de Néstor y Cristina hasta 2008, regresó en 2019 como presidente, pero con Cristina como vicepresidenta, tras la crisis económica del último año de Mauricio Macri. Pero su gestión no logró revertir la crisis, de hecho la empeoró. Como consecuencia Javier Milei ganó las elecciones en 2023 con una amplia ventaja sobre el candidato peronista Sergio Massa.
Ambos abandonaron la Casa Rosada hace año y medio, pero siguen de actualidad debido a los numerosos procesos judiciales abiertos en su contra. Cristina, de 72 años, cumple prisión domiciliaria tras ser condenada en 2022 a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua por corrupción en el caso Vialidad. Tiene además otras causas pendientes como el caso Cuadernos de las Coimas, el caso Hotesur-Los Sauces y el caso Memorándum con Irán. Estas acusaciones, avaladas por pruebas como testimonios y transferencias bancarias, han generado indignación entre muchos argentinos mientras otros acusan a la Justicia de ser parcial y practicar “lawfare” selectivo.
Alberto Fernández, por su parte, tiene también por delante un calvario judicial. Se le investiga por por administración fraudulenta relacionada con contratos de seguros del Estado y una denuncia de violencia doméstica por parte de su exesposa, Fabiola Yáñez, que el año pasado presentó pruebas concluyentes de agresiones físicas, amenazas y coacciones. Este caso, respaldado por chats y fotografías, ha generado una gran polémica. Ha dividido también al movimiento feminista y la imagen pública del que fue presidente durante cuatro años está devastada.
En respuesta a estos procesos el kirchnerismo ha popularizado el concepto de “lawfare”. Aseguran que la derecha utiliza a la Justicia para perseguirles. Este discurso, importado de casos como los de Lula da Silva en Brasil o Rafael Correa en Ecuador, es central en el relato que Cristina y Alberto han conseguido implantar entre sus seguidores. Aseguran ser víctimas de un sistema judicial manipulado por opositores como Macri y medios como Clarín. Las encuestas muestran una sociedad dividida: la mitad cree en la existencia del “lawfare”, la otra mitad lo considera una excusa para evadir responsabilidades.
El contexto histórico refuerza esta percepción. Desde la recuperación de la democracia en 1983, Argentina ha enfrentado escándalos de corrupción en todos sus Gobiernos, pero el período kirchnerista destaca por su duración y la magnitud de las acusaciones, alimentadas por el auge económico de la primera década del siglo, que facilitó tramas corruptas con empresarios cercanos al poder.
Las condenas y procesos en curso han debilitado al peronismo. La inhabilitación de Cristina para las elecciones de 2025 y el desprestigio de Alberto han fortalecido a nuevas figuras como Máximo Kirchner. Entretanto el movimiento trata de reinventarse. Los casos judiciales, que podrían extenderse hasta 2030, mantienen a ambos en el centro del debate, aunque su futuro político ya es inexistente, el personal depende de los recursos que presenten y de que la edad les impida cumplir su pena en una penitenciaría.
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