ChatGPT Agent: la entrada de la IA en la planificación y reservas de viajes

• El turismo musical en España se consolida como un motor económico clave, con un 70% de los ciudadanos que ha asistido alguna vez a un festival y un 49 % que ha viajado expresamente para ello. Los asistentes suelen gastar entre 300 y 600 euros, siendo los españoles de los más dispuestos a invertir en estas experiencias. Según Milanuncios, antes de estos eventos crecen las búsquedas de productos clave como tiendas de campaña, sacos de dormir y riñoneras, lo que refleja una planificación anticipada.

• El Gobierno de España ha legalizado el alquiler de embarcaciones privadas por parte de sus propietarios, permitiéndolo hasta tres meses al año en todo el territorio nacional desde el 22 de julio de 2025. La medida, publicada en el BOE, se enmarca en la reforma de la normativa de la Marina Mercante y exige condiciones como seguros obligatorios, certificados vigentes e informes técnicos. La norma abre la puerta a un modelo similar al de plataformas como Airbnb, pero aplicado al alquiler náutico.

• El sector del camping en España generó más de 1.300 millones de euros en 2024, consolidándose como un motor económico clave para la revitalización del medio rural. Según datos de la FEEC, los campings recibieron más de 10 millones de viajeros y cerca de 50 millones de pernoctaciones, lo que ha impulsado el empleo y el comercio local, ya que dos de cada tres euros gastados por los campistas se quedan en negocios del entorno.

• El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado un aumento progresivo de la tasa turística por pernoctación, que alcanzará los 8 euros en 2029, con subidas anuales de un euro a partir de 2026. Ese mismo año se pondrá en marcha el Fondo para el Retorno del Turismo, destinado a financiar proyectos que mitiguen el impacto del turismo y mejoren la calidad de vida en los barrios más afectados.

• La Comisión Europea ha iniciado una consulta pública de 12 meses para revisar el régimen del IVA aplicado a agencias de viajes y al transporte de pasajeros, con el fin de corregir distorsiones de competencia derivadas de una normativa considerada obsoleta. Los resultados servirán de base para una propuesta legislativa prevista para finales de 2026.