Desde la semana pasada Los Ángeles se ha convertido en el epicentro de una serie de protestas que han suscitado la atención nacional e internacional. Las protestas estallaron a causa de las redadas que está realizando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. En estas operaciones, enfocadas en comercios, almacenes y otros centros de trabajo, se detuvo a más de cien inmigrantes ilegales que podrían ser deportados como ya le ha ocurrido a otros 70.000 inmigrantes detenidos. La operación forma parte de la política migratoria del gobierno de Donald Trump, que ha prometido deportar a todos los inmigrantes ilegales que residen en el país.
El viernes comenzaron las manifestaciones, en origen pacíficas, pero pronto derivaron en disturbios callejeros. Las protestas se extendieron a otras partes de la ciudad en las que los manifestantes bloquearon calles con contenedores. La escalada llevó a Trump a federalizar la Guardia Nacional de California el sábado pasado. El lunes el Pentágono anunció el envío de 700 marines para proteger propiedades federales. Este despliegue, el primero desde 1965, se realizó sin el consentimiento del gobernador de California, Gavin Newsom, que demandará al gobierno federal por violar la soberanía estatal.
El enrarecido clima político de Los Ángeles agrava la situación. En noviembre del año pasado, tras la reelección de Trump, el consejo municipal declaró la ciudad como santuario para inmigrantes y se negó a cooperar con las autoridades federales en temas migratorios. Esta decisión, sumada a la percepción de las redadas como un ataque a la comunidad inmigrante, muy numerosa en esta ciudad, ha movilizado a decenas de miles de angelinos. Aproximadamente el 34% de los 11 millones de habitantes del condado de Los Ángeles son inmigrantes, y se estima que 800.000 están sin papeles, lo que representa 8% de la población. Deportarlos, como propone Trump, ocasionaría un vacío laboral imposible de cubrir, dado que el desempleo en la ciudad es muy bajo. Esto revela cómo las promesa de deportaciones masivas de Trump son inviables en la práctica.
Las protestas, con unos 150 detenidos hasta ahora, son pequeñas comparadas con los disturbios de 1992 por el caso Rodney King. Pero la presencia en la calle de marines, no entrenados para mantener el orden público, podría empeorar la situación. Trump justifica el despliegue militar como respuesta a la anarquía, la delincuencia y a ataques contra agentes del servicio de inmigración. Pero las redadas no están dirigidas a los delincuentes, sino a todos los indocumentados, la mayor parte de los cuales carecen de antecedentes penales. Con esto Trump busca satisfacer a su base electoral haciéndose ver como garante del orden frente a las débiles autoridades de ciudades y Estados gobernados por el partido Demócrata como Los Ángeles y California.
Estos disturbios podrían ser el pistoletazo de salida para un “verano caliente” si las protestas se extienden a otras ciudades con alta población inmigrante como Nueva York, Chicago o Miami. La militarización de las calles, aunque útil desde un punto de vista meramente táctico, es arriesgada ya que la violencia puede descontrolarse en un país fuertemente armado en el que estos episodios terminan siempre con un alto número de muertos. Entretanto la situación favorece a Trump ya que mata tres pájaros de un tiro: aplica su programa migratorio, satisface a su electorado y avisa a otras ciudades demócratas cómo terminará la cosa si deciden echarle un pulso.
En La ContraRéplica:
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4:08 La batalla d